La Contraloría Delegada de Minas y Energía encontró que la Agencia Nacional de Minería (ANM) no ha realizado el debido cobro de la participación nacional a la empresa minera El Roble, en el departamento del Chocó.

BOGOTÁ D.C.- La Agencia Nacional de Minería (ANM) no ha cumplido con su función de efectuar la liquidación y cobro de la participación nacional que se obligó a pagar la Minera El Roble cuando se cumpliera la condición de obtener una producción superior a las 100.000 toneladas. 

Este es uno de los hallazgos de la Contraloría General, por medio de su delegada de Minas y Energía, la cual le pidió a la ANH que revise el pago de las regalías que se pudieron haber causado desde 1991 a la fecha, pues según los registros de las exportaciones realizadas, que se encuentran en el expediente minero digital para el período 2014-2020, el total de las participaciones nacionales asciende a 6 millones 140 mil dólares, o sea $21.955 millones (considerando la tasa representativa del mercado del 16 de marzo de 2021). En ese sentido, el ente de control informó que la propia minera El Roble ha declarado y reportado este total de participación nacional calculada.  

Para la Contraloría es claro que la Agencia Nacional de Minería no cumplió con su función de efectuar la liquidación y cobro de la participación nacional que se obligó a pagar la Minera El Roble cuando se cumpliera la condición de obtener una producción superior a las 100.000 toneladas de producción del metal. Y agregó que, además, la ANM no ha hecho uso de los recursos jurídicos que le permite el Decreto 2477 de 1986, como lo es el de la caducidad. 

La Contraloría estableció, en una Auditoria de Cumplimiento previa a la actuación especial que se realizó ahora, que la ANM tiene serías falencias y debilidades en su proceso de fiscalización para garantizar que los concesionarios mineros en el país estén cumpliendo a cabalidad sus obligaciones.

El organismo de control consideró que esta situación demuestra un incumplimiento del deber funcional de la ANM a la cual por mandato legal le fue asignada la administración y recaudo de cualquier contraprestación derivada de la explotación de minerales, sin que hasta el momento se haya evidenciado una justificación jurídica o administrativa válida para tal comportamiento que ha traído como consecuencia que al patrimonio del Estado hayan dejado de ingresar recursos en cuantía de $21.955 millones, lo que constituye un presunto daño patrimonial.  

Sostiene que, si bien es cierto que la ANM ha realizado alguna gestión de cobro de estos valores, es inoportuna e ineficaz, ya que una vez se le advirtió de esta situación la entidad procedió a realizar en 2021 la liquidación y cobro de la participación nacional causada desde 2014, por lo que se considera una gestión antieconómica que ha causado el no cobro oportuno de los recursos de las contraprestaciones económicas que por ley corresponden al Estado.