Bogotá, Agosto 2 de 2011.- Las Contralorías Delegadas para el Sector de Minas y Energía, Medio Ambiente y Defensa iniciarán una Auditoría Especial Transversal a la Minería Ilegal, con un equipo de expertos, de las más altas calidades, en materia minera, ambiental, penal y social.

Así lo anunció la Contraloría General de la República, ente que considera de vital importancia hacer frente a este fenómeno que genera graves impactos sociales y ambientales y que cercena el derecho de los municipios y departamentos productores a percibir las regalías en razón a la explotación del recurso natural no renovable en su territorio, así como el de los puertos marítimos y fluviales por donde se transportan dichos recursos o productos derivados de los mismos.

De acuerdo con un bole?tin oficial, la Contraloría ha evidenciado la influencia de grupos al margen de ley en estas actividades ilícitas que advierten la debilidad de las autoridades locales, de policía y judiciales en controlar este flagelo, máxime cuando de conformidad con la Ley le corresponde a los Alcaldes la suspensión de estas actividades y el aviso oportuno a las autoridades penales ante el conocimiento de la exploración y explotación ilícita de minerales y su aprovechamiento ilícito.

El organismo expresó también su preocupación por los daños irreparables que causan estas actividades en el mabiente, toda vez que están asociadas al uso de sustancias nocivas como el manejo descontrolado de mercurio y cianuro que generan efectos dañinos sobre la salud humana, el recurso hídrico y la supervivencia de las poblaciones y biodiversidad del ecosistema acuático, por exposiciones crónicas y prolongadas a los mismos.

Entre los aspectos más preocupantes de la minería ilegal, la Contraloría también se refirió al trabajo infantil, la accidentalidad y la seguridad en las operaciones.

La Contraloría General de la República está haciendo frente a esta situación y emprenderá todas las acciones a nivel nacional a fin de ejercer una especial vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades públicas que tienen competencia para erradicar la minería ilegal, concluye el comunicado.