El cargamento de estos individuos, que figura en el libro rojo de especies amenazadas, fue incautado en dos embarcaciones con bandera jamaiquina.

SAN ANDRÉS.- Al cabo de un trabajo articulado entre la Armada Nacional de Colombia, la estación de guardacostas, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, la Secretaría de Agricultura y Pesca y Coralina, se logró la incautación de 6.725 kilogramos de pez loro (de varias especies).

Esta especie aparece en categoría de amenazada en el país, en los libros rojos, y cuentan con protección especial en toda la Reserva de Biosfera Seaflower, la cual fue adoptada  mediante la Resolución 369 del 15 de julio de 2019 expedida por Coralina.

La pesca ilegal sumó más de 8 toneladas, entre la que se decomisó pesca blanca y langosta, todo lo cual fue hallado a bordo de dos embarcaciones de bandera jamaiquina en la isla de Serrana.

Al conocer del golpe pesquero, el subdirector de Mares y Costas de Coralina, Gilberto Myles, manifestó que  "con el apoyo de la Armada Nacional se continuarán haciendo los controles de rigor  sobre las Áreas Marinas Protegidas, para frenar la depredación que se viene haciendo por parte de extrañas embarcaciones sobre los recursos pesqueros y las especies que están en veda, en extinción y protegidas".

La pesca incautada de pez loro fue puesta a disposición de la Corporación Coralina y las otras especies como la langosta y los peces blancos quedaron a disposición de la Secretaría de Agricultura y Pesca.

En cuanto a los capitanes de las embarcaciones, cuyos nombres no se dieron a conocer por obvias razones, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y la tripulación quedó en manos de Migración Colombia. 

Es importante recordar a los actores del mar y a la comunidad en general que la RESOLUCIÓN 369 DEL 2019 establece restricciones para la captura y comercialización de los peces loro y otros peces de  herbívoros y omnívoros, tendientes a la conservación del ecosistema coralino así como de las playas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El objeto de dicha resolución promueve la conservación de los arrecifes coralinos y las playas mediante la adopción de medidas que desestimulan la captura, caza o pesca de los recursos hidrobiológicos denominados peces loro y cirujanos, medida que busca mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuada sobre peces herbívoros particularmente sobre estos peces.

Además, contempla una serie de sanciones establecidas en la ley 1333 de 2009 y demás normas complementarias, para quienes realicen estas actividades de caza.